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Desigualdad y concentración de la riqueza

Actualizado: 15 dic 2023

Según lo señala la Organización de las Naciones Unidades (ONU), desde la década de 1980 el abismo existente entre los que tienen, y los que no, ha crecido en casi todo el mundo desarrollado, incluidas América del Norte, Australasia y Escandinavia, así como en economías en rápida expansión como la de India. La desigualdad no se trata solo de la riqueza, el patrimonio neto, de los ingresos o el sueldo bruto, también puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Un estudio de Oxfam indica que 26 personas poseen la misma riqueza que 3800 millones de personas (https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341).


En un informe publicado por la OCDE el 2018, en la década de los 80, el 10% más rico de los países de la OCDE ganaba siete veces más que el 10% más pobre, el 2018 es cerca de 10 veces más. Si se incluyen datos sobre propiedades y otras formas de patrimonio, el panorama es aún peor: en 2012, el 10% más rico controlaba la mitad del patrimonio familiar total y el 1% más adinerado, el 18%, en comparación con el 3% que correspondía al 40% más pobre. Por su parte, otras cifras muestran que el aumento de la desigualdad observado entre 1985 y 2005 en 19 países pertenecientes a esta organización, rebajó en un 4,7% el crecimiento acumulado entre 1990 y 2010. Para reducir la desigualdad, se debe promover el crecimiento incluyente (Keeley, B.(2018), Desigualdad de ingresos.La brecha entre ricos y pobres, Esenciales OCDE, OECD Publishing, París). Desde el enfoque de la OCDE, esto se basa en 4 pilares fundamentales: (1) superar desigualdades de género; (2) mejorar las políticas del mercado laboral; (3) enfocarse en la educación en la infancia temprana; (4) utilizar impuestos y transferencias para mejorar la redistribución.


Son estas las razones que explican por qué la "no inclusividad del crecimiento" se sigue tomando la agenda pública; si se usa el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) como una proxy de desarrollo, parece razonable intentar desentrañar la relación que existe entre el crecimiento de la riqueza y la desigualdad en su distribución. Para quienes postulan que ambas variables se relacionan de forma positiva, el planteamiento es el incentivo por mayores ingresos que recibe el que está dispuesto a correr riesgos con su inversión (efecto incentivo), y esa acumulación de riqueza es también fuente de nuevas inversiones (efecto inversión). Del otro lado están los que postulan que niveles excesivos de desigualdad pueden afectar negativamente la estabilidad política, la cohesión social, el correcto funcionamiento de las instituciones y, en última instancia, el crecimiento económico, v gr. si las familias de menores ingresos no pueden educar adecuadamente a sus hijos, llegan menos preparados a la adultez y, por tanto, serán menos productivos en el mercado laboral (https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28509/1/N_03_20_Desigualdad_y_

Concentracion_de_la_riqueza.pdf).


- Hipótesis de Kuznets (1955), la U invertida de la desigualdad

Una de las teorías más importantes desarrolladas del siglo pasado fue la propuesta del economista Ruso Simon Kuznets en 1955. Según esta teoría, con la industrialización, los individuos que trasladan su fuerza de trabajo desde el sector agrícola hacia las fábricas comienzan a percibir más ingreso que los que no lo hacen, por lo que la desigualdad aumenta a medida que se incrementa la especialización de los trabajadores industriales. Luego de llegar a un peak de desigualdad, ésta comienza a disminuir dado que el Estado comienza a recaudar cada vez más impuestos y a ser más eficiente a la hora de redistribuir esos fondos dentro de la sociedad. Así, el nivel de crecimiento es el que determina el nivel de desigualdad, con una desigualdad que aumenta y que luego disminuye a medida que el producto crece y se reinvierte en políticas sociales. Para algunos autores este modelo ya no es aplicable, puesto que las tasas de inequidad siguen aumentando, a pesar de los niveles de desarrollo (Stiglitz, J. (2015)); y están también los que sostienen que es la desigualdad la que determina el nivel de crecimiento.


- Redistribución a lo "Robin Hood"

En este modelo los ricos se diferencian de los pobres es que están dotados del capital productivo (habilidades, dinero, tecnología, redes), que sirve para acumular riqueza. Los ricos pagan impuestos que financian inversiones públicas (infraestructura, transporte, I+D, derechos de propiedad, etc.) que generan aumento del crecimiento nacional, pero los deja con menos recursos individuales para invertir (se asume que el efecto final de los impuestos sobre el crecimiento es negativo). Aunque los impuestos perjudiquen el crecimiento, estos se determinan en la esfera política, que a su vez es determinada en democracia por la mayoría de la población. Las sociedades desiguales se caracterizan por tener un mayor número de pobres, los cuales tienden a preferir la redistribución al crecimiento ya que su participación en el crecimiento total es baja, pero la redistribución sí aumenta sustancialmente su ingreso y calidad de vida en el corto plazo, incluso aunque el crecimiento sea nulo. Así, en este modelo los pobres utilizan el proceso político para extraer riqueza desde los ricos. El proceso político de una sociedad democrática desigual tiende a elegir un nivel de impuestos (y regulación) más alto que el óptimo para financiar bienes públicos que respalden la inversión y el crecimiento. El resultado es un ritmo más lento de acumulación de capital físico y humano, ya que parte del capital que podrían acumular los ricos se transfiere a los pobres que simplemente consumen y no invierten. En la vereda opuesta, sociedades más iguales tenderán a escoger una menor cantidad de políticas redistributivas, y en consecuencia, podrán crecer más rápido.


- Redistribución a lo “Rey John”

En este modelo no son los pobres los beneficiarios del sistema político, si no que son los ricos los que pueden controlar el sistema y posicionarse por encima de la ley. En una sociedad en donde los jueces, las instituciones y las regulaciones son corrompibles, solo los ricos y poderosos se sentirán lo suficientemente seguros como para invertir. Una menor tasa de inversión, concentración de la riqueza en unas pocas manos que no necesariamente son las más “capaces”, gasto de recursos en actividades que no generan valor (defensa legal, coimas, seguridad privada, etc.), menor gasto en bienes públicos generadores de crecimiento (infraestructura, educación, etc), termina empobreciendo al país. Esta teoría postula que sociedades desiguales tienen menores tasas de crecimiento, y es un círculo vicioso que no termina.


En la actualidad se sostiene que existiría evidencia empírica que apoya la idea de que el impacto del crecimiento económico en la distribución del ingreso depende más del "tipo" de crecimiento económico que se experimenta y de las políticas públicas del país, que del nivel de ingreso per cápita o la tasa de crecimiento absoluta. Por ejemplo, las recesiones en América Latina han aumentado significativamente la desigualdad, mientras que el crecimiento muchas veces ha sido ineficaz en reducirla. La reducción de la desigualdad parece estar más asociada con la educación, la urbanización, el sistema político, los recursos naturales y otros factores estructurales como las barreras para acceder al mercado laboral, al sistema financiero, la distribución existente de la propiedad y el sistema de herencia.


Desigualdad

La medición de la desigualdad mundial actualmente considera dos manifestaciones relacionadas pero diferentes: la desigualdad entre los países (comparación entre todas las personas del mundo) y la desigualdad interna de los países (comparación entre los ciudadanos de un mismo país). Si bien la desigualdad en el mundo, analizando la distribución del ingreso de la población global sin considerar fronteras nacionales, venía aumentando desde 1820, los datos indican una disminución considerable a partir de 1990, obedeciendo principalmente a una convergencia en los ingresos promedio de todos los países, debido al aumento de los ingresos en los países populosos, como China e India. Así, el segundo componente de la desigualdad mundial, la desigualdad interna de los países, comenzó a cobrar mayor protagonismo.

En términos generales, a lo largo de los años se observa una disminución de la desigualdad entre los países, acompañada de una disminución del índice Gini; por su parte, se observa un aumento de la desigualdad interna de los países.




Pobreza

La pobreza y la desigualdad son fenómenos diferentes pero íntimamente relacionados. La evidencia empírica sostiene que es posible reducir las tasas de pobreza a través de un mayor crecimiento, una disminución de la desigualdad o una combinación de ambos.




En el informe del Banco Mundial también se analiza un concepto denominado “prima de prosperidad compartida”, que es la diferencia entre el crecimiento de los ingresos del 40 % más pobre de la población y el crecimiento de los ingresos de la población promedio en cada país. En el período 2008-13, el sólido crecimiento económico ocasionó que el aumento de los ingresos del 40% de la población fuese superior al de la población promedio en 49 países (de 83 países analizados), sin embargo, en 23 países, los ingresos del 40% más pobre disminuyeron durante el mismo período; acá podemos observar que en nuestro país crecieron más los ingresos del 40% más pobre de la población.


Concentración de la riqueza

Según OXFAM, en el año 2017 el 82% del crecimiento de la riqueza mundial fue a parar a manos del 1% más rico. Datos de otros organismos van en esta misma línea. Según datos de The Global Wealth Report 2019, la participación en la riqueza total del mundo del 1% superior disminuyó hasta la crisis financiera mundial, luego tendió ha aumentar hasta 2016, para luego estabilizarse. El 1% superior posee actualmente el 45% de los activos a nivel global, ligeramente por debajo del 46,9% de participación en el año 2000. Con respecto a la participación del 10% más rico, esta ha disminuido levemente desde el año 2008, mientras que la participación del 5% más rico se ha mantenido prácticamente igual.


Rol del Estado

La política fiscal y el gasto público puede ayudar a reducir la desigualdad de ingreso a través de varios canales. Primero que nada, impuestos progresivos pueden ayudar a mejorar la igualdad del ingreso disponible (después de impuestos y transferencias), aún cuando el ingreso de mercado (ingreso antes de impuestos y transferencias) sea elevado. La redistribución pura o ex-post limita las consecuencias de la desigualdad en capital humano y físico, pero conservando el rol asignativo del sistema de precios, sin modificar las fuentes estructurales de la desigualdad.


Otro mecanismo que las políticas públicas y fiscales pueden usar para ayudar a reducir la desigualdad es a través de las transferencias en especie o no monetarias (educación o salud), o cambios en el sistema político institucional que fomenten la inclusividad. Así, se ayuda a reducir la desigualdad en el largo plazo al cambiar estructuralmente la distribución del capital humano a través de las generaciones y se facilita la movilidad social. La versión de Octubre 2017 del Monitor Fiscal del FMI abarca el tema de la desigualdad de ingresos en torno a 3 debates centrales: (a) las tasas impositivas aplicadas al estrato más alto de la distribución del ingreso; (b) la adopción de un régimen de ingreso básico universal (IBU) y (c) la función del gasto público en el terreno de la educación y la salud.


(a) Redistribución pura: En las economías desarrolladas, las transferencias y los impuestos directos reducen la desigualdad del ingreso en aproximadamente un tercio (Gini antes y después de impuestos y transferencias), mientras que en economías en vías de desarrollo la redistribución fiscal posee un alcance mucho menor ya que la tributación recauda menos y porque los impuestos indirectos regresivos, por ejemplo el impuesto al valor agregado, representan una mayor proporción de la recaudación total. En la muestra de países avanzados usada en el documento del FMI, los impuestos y transferencias lograron reducir el coeficiente de Gini en 0,17, mientras que en la muestra de países latinoamericanos lo lograron reducir sólo en un 0,03. Así, aunque Estonia, Lituana y el Reino Unido tienen una desigualdad del ingreso de mercado similar a la existente en Perú y Uruguay, sus desigualdades en ingreso disponible son significativamente menores dado el efecto redistributivo de su política fiscal.


Este gráfico muestra la composición de impuestos recaudados por región como porcentaje del PIB, y composición del gasto social como porcentaje del PIB. En los países desarrollados, además de recaudar una mayor cantidad absoluta, también se recauda más proveniente de los impuestos al ingreso (personal) y propiedad, versus los impuestos indirectos como el IVA. Con respecto al destino del gasto, los países desarrollados gastan proporcionalmente más a la protección social que América Latina y el Caribe, específicamente en el ítem pensiones.


(b) Ingreso Básico Universal (IBU): Si bien todavía no existe ningún país que haya adoptado un IBU que cubra a la totalidad de la población, sí existen países que han experimentado con alguna de sus modalidades (pensiones garantizadas o prestaciones universales por hijo, por ejemplo) y el interés por parte de la academia es creciente. Los partidarios de este tipo de ingreso argumentan que este mecanismo disminuye la pobreza y la desigualdad con bajos costos administrativos (por ej. el costo a la información), en un contexto en que el evolución tecnológica y la automatización del empleo vaticina un aumento de las tasas de desempleo a nivel global. Los oponentes de este tipo de ingreso destacan el hecho del altísimo costo de la medida y que la universalidad produciría una asignación de ingreso hacia grupos de la sociedad con suficiente ingreso propio, sin mencionar, por supuesto, los riesgos percibidos de desligar el ingreso del trabajo en una sociedad. El documento FMI argumenta que el IBU puede ser una buena alternativa en el corto plazo para reforzar el sistema de protección social especialmente en los gobiernos de países en vías de desarrollo, en donde los sistemas de prestaciones sociales actuales pueden ser limitados. Para el financiamiento y sostenibilidad fiscal del IBU, este ingreso debería financiarse con impuestos o recortes del gasto progresivo.


(c) Cambios estructurales: La versión de octubre 2017 del Monitor Fiscal FMI también menciona a las inversiones en educación y en salud como herramientas clave para reducir la desigualdad del ingreso y la pobreza entre generaciones, promover la movilidad social y un crecimiento inclusivo sostenible. Existe evidencia empírica de que el gasto dirigido a aumentar el acceso a la educación es muy progresivo, por ejemplo, Coady y Dizioli (2017) encontraron que un aumento de años promedio de escolaridad está asociado a una disminución significativa de la desigualdad en años de escolaridad, lo que a su vez ha ayudado a mejorar la distribución del ingreso; programas de transferencias de dinero condicionadas a la asistencia a escuelas o a chequeos nutricionales y de salud en clínicas, como las adoptadas en escalas importantes en Brasil y México, son importantes de destacar. Por otro lado, disminuir la brecha en salud ayuda a reducir la desigualdad de diferentes formas. Primero, mejores resultados de salud para los más vulnerables representa en sí mismo una mejora en el bienestar social. Una mejor salud puede conducir a más productividad, mayor empleo y mejores salarios. La mejora de los resultados en materia de salud también ayuda a mejorar la asistencia a la escuela y la educación y contribuye a la igualdad de oportunidades y de ingresos. Por último, está demostrado que enfermedades y condiciones de salud imprevistas puede llevar a la pobreza rápidamente a muchas familias (costos directos y suspensión de ingresos laborales). Por todo lo anterior, tener un sistema de salud gratuito, de calidad y de amplia cobertura es también una protección contra la pobreza y la desigualdad.


Situación en Chile

Según el documento “Desiguales” (2017) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a pesar de que en las últimas décadas Chile ha presentado un crecimiento económico relativamente acelerado y un progreso notable en infraestructura, reducción de la pobreza, matrícula educativa y la consolidación de un sistema democrático estable, la desigualdad continua siendo una pesada herencia. El crecimiento del ingreso per cápita real del 10% de los hogares más pobre de un 145% real significó un aumento de $29.000, mientras que el 10% de los hogares más ricos vieron crecer su ingreso en solo un 30%, pero que se tradujo en $239.000, casi 9 veces más. Todavía existe una notable brecha en acceso a la educación superior entre quintiles, 76% vs 42% entre los quintiles 5 y 1 al año 2015. Chile ocupa el penúltimo lugar entre los países de la OCDE en los resultados de la prueba Pisa, por lo que todavía queda mucho camino por recorrer en calidad educativa.


La desigualdad de ingresos entre 1990 y 2015 muestra una disminución de nuestro Gini, la que se se explica principalmente por la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores de mayor y menor calificación (la oferta de trabajadores más calificados explica la mitad de la reducción experimentada durante los últimos doce años) y las transferencias gubernamentales a los grupos pobres y vulnerables.


Con respecto a la concentración extrema de la riqueza, la medición a través de registros tributarios, y considerando el ingreso devengado (que incluye utilidades no distribuidas) refleja que el 1% de la población captura el 33% del ingreso que genera toda la economía chilena. Más aún, el 0,1% más rico captura el 19,5%. En “Society at a Glance 2019” la OCDE se afirma que “La desigualdad de ingresos de Chile es la segunda más alta de los países de la OCDE, después de México. El ingreso promedio del 10% más rico de la población chilena es 19 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre, en comparación con el promedio de 9.3 en todos los países de la OCDE. Los altos niveles de desigualdad tienden a obstaculizar la movilidad de ingresos y social: en Chile podría necesitarse que pasaran seis generaciones para que los descendientes de una familia ubicada en el 10% más bajo de la distribución de ingresos alcanzaran el ingreso promedio, en comparación con cuatro a cinco generaciones en promedio en todos los países de la OCDE”.


Nudos de reproducción de desigualdades:


(1) Estructura productiva. En nuestro país el 54% de la desigualdad de los salarios individuales se explica por las diferencias salariales que existen entre tipos de empresas, coexistiendo empresas de alta productividad y estabilidad (que poseen trabajadores calificados que reciben mejores salarios) con empresas de baja productividad (con bajos salarios, trabajadores menos calificados y alta rotación) .

Además en nuestro país los sindicatos y la normativa de la negociación colectiva hoy tienen un efecto marginal en la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, Chile ocupa el último lugar en la OCDE (6% vs. 54% promedio) en cuanto al porcentaje de trabajadores cubiertos por los acuerdos de negociación colectiva.


(2) Concentración de la propiedad del capital y de las grandes empresas: Las 75 empresas más grandes del país tienen ingresos por ventas que por sí solas representan el 63% de las ventas del segmento de grandes empresas. Una de las razones para el pronunciado crecimiento de los grupos económicos fue la reforma tributaria de 1984, que privilegió el ahorro y la inversión dentro de las empresas por sobre la recaudación fiscal o la redistribución de ingreso. El FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), permitió una menor tributación de las utilidades dentro de las empresas y así condujo a una acumulación de capital y de riqueza significativa.


(3) Estado pequeño: los estados tienen un rol fundamental en la reducción de la desigualdad, a través de los impuestos, las transferencias monetarias, las inversiones públicas y los mecanismos de seguridad social.

Aunque el potencial redistributivo del estado aumentó significativamente en el año 2008 debido a la puesta en marcha de las pensiones solidarias, no es todo lo progresivo que podría ser (el impuesto a la renta tiene un lugar secundario frente al IVA), y las transferencias tienden a ser de bajo monto y de baja cobertura. Después de impuestos y transferencias nuestro Gini cambia marginalmente.

El gasto público ha estado más enfocado en inversiones en educación, salud y vivienda (vs transferencias directas), las que en su conjunto sí resultan ser bastante significativas. El 1er quintil (más pobre) aumenta en más del 100% su ingresos si a estos se suma el equivalente monetario de los servicios recibidos, el 2do quintil lo aumenta en 50%, el 3er quintil lo aumenta en 28%, el 4to quintil lo aumenta en 15% y el último quintil, el más rico, lo hace en 3%.


(4) Concentración del poder político: Los grupos de mayores recursos pueden sobre influenciar la agenda pública y el proceso político financiando centros de pensamiento afín, medios de comunicación y la actividad política propiamente tal. En Chile, hasta la reforma al proceso electoral del año 2016, el sistema permitía aportes reservados y aportes anónimos a campañas de candidatos particulares. Datos del Servicio Electoral muestran que en promedio los candidatos que lograron llegar al parlamento recibieron 2,5 veces más aportes reservados y anónimos que quienes no lo hicieron.


(5) Sistema educativo segregado: Nuestra brecha socio-educacional, medida como la diferencia entre el 20% superior y el 20% inferior de ingresos en términos de competencias de lectura, nos hace ocupar el lugar 33 de 34 entre los países de la OCDE. Es indiscutible que en Chile la condición socioeconómica del hogar influye de sobre manera en los resultados educativos de sus hijos, así, un sistema educativo segregado como el nuestro no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades, arrastrando brechas hacia la educación terciaria y posteriormente al mercado.



Algunos comentarios al respecto:

(1) Mención aparte merece el impacto provocado por la crisis sanitaria vivida hasta hace poco en nuestro país; a priori, podríamos apresurarnos en decir que sólo acrecentó o perpetuó esa desigualdad, pero lo cierto es que los subsidios y transferencias entregados por el Estado a los sectores más vulnerables, incluso a ciertos grupos de la clase media, tuvieron el efecto de, al menos, mantener sus niveles de gasto; lo que sí hubo desde el otro lado fue una paralización o disminución considerable de la inversión, con cero o bajísimo crecimiento de la economía. Entonces, bien podría haber ocurrido que, coyunturalmente, se hubiera reducido esa brecha de desigualdad. Y queda como tarea pendiente definir el impacto que, de haberse extendido en el tiempo, pudo tener el fenómeno del estallido social, de no haber sido eclipsado por la pandemia del Covid-19.


(2) Considerando que nuestros impuestos corporativos tienen tasas en el promedio de la OCDE, la función redistributiva del Estado debiera considerar el aumento de los impuestos personales y al patrimonio (la renta del capital es aun más desigual que la renta del ingreso), algo que lamentablemente sabemos no está contemplado en el pretendido acuerdo de Pacto Fiscal.


(3) Una mayor carga tributaria a las personas y al patrimonio mejoraría el ingreso disponible, después de impuestos y transferencias, lo que aumentaría la recaudación por impuestos indirectos (IVA) dada la baja propensión marginal al ahorro de los sectores de menos recursos.


(4) Se debe mejorar la eficiencia del Estado y atacar la corrupción al interior de sus organismos, de modo de no favorecer la elusión y evasión. De ese modo se podrá aumentar la masa recaudada, focalizando las transferencias en educación gratuita para más sectores de la población, salud y pensiones.


(5) Se debe reevaluar la integración de nuestro sistema tributario. El Fondo de Utilidades Tributables (FUT) tiene el efecto, por un lado, de un menor pago de impuestos de las empresas y, por el otro, una acumulación de capital y riqueza significativa.




Referencias bibliográficas:


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