Pacto Fiscal para el desarrollo

En un seminario organizado por la facultad de derecho de la Universidad de Chile en agosto de este año, la Subsecretaria de Hacienda, doña Heidi Berner Herrera, resumió el contenido del denominado Pacto Fiscal para un crecimiento con justicia y sostenibilidad, cuyos aspectos fundamentales, desde mi perspectiva, fueron los siguientes:

El valor de la responsabilidad fiscal se define como el principio que ha permitido limitar la deuda pública y el pago de intereses. En el último tiempo este principio ha enfrentado presiones por un mayor gasto y un menor crecimiento de los ingresos fiscales.

Esta responsabilidad fiscal impone una regla de balance estructural dentro de la política fiscal; el Consejo Fiscal Autónomo vela porque ello se cumpla; por su parte, la presión por gastos ha ido aumentando.

Fuente: Banco Central y Ministerio de Hacienda

Acá observamos que en los últimos 15 años nuestro país ha experimentado una clara tendencia ascendente del gasto público que no ha sido acompañada de un crecimiento equivalente de los ingresos fiscales; hubo pick en gastos con la crisis sub-prime del 2009 y la crisis sanitaria de 2020, aun cuando desfasado. Esto ha generado entonces déficits estructurales sostenidos y una creciente deuda pública.

Acá observamos un año 2021 con un déficit efectivo y estructural importante.

Es evidente el aumento que ha experimentado en el tiempo el gasto en intereses, producto de un aumento de la deuda; obviamente, no es la idea financiar el gasto con deuda, porque esta sólo es una fuente de financiamiento.

En lo relativo a las fuentes de financiamiento de este pacto, se desagregan como sigue: Los dividendos o tributos del crecimiento están asociados a la elasticidad del ingreso y del gasto. Por otro lado está el dividendo de la eficiencia del Estado, hoy tenemos una curva demográfica que implica menos subvención escolar, pero más gratuidad en la educación superior, cómo el Estado es eficiente administrando el gasto, hay todo un discurso en el buen uso de los recursos públicos.

La fiscalización en el cumplimiento de las obligaciones tributarias implica que todos cumplamos con el pago de tributos en forma correcta; a ello se debe sumar el impuesto a las personas, no a las empresas (primera categoría), se deben considerar también beneficios tributarios necesarios, la ruta del emprendimiento de empresas de menor tamaño, inversión en I+D, apoyo a la formalización, esto generará un espacio de aumento de gasto.

Lo primero en financiar son pensiones (PGU) más seguridad ciudadana (1,5% del PIB) se puede financiar con fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; protección social se debiera financiar con tributos de eficiencia y crecimiento, más reforma tributaria.

Esta propuesta nace de la diferencia con la oposición política sobre la forma de financiamiento del mayor gasto que se genera, producto de las promesas de campaña política del actual gobierno; es su convicción que no alcanza con la sola reactivación de la economía (crecimiento). Podemos o no estar de acuerdo con ello, pero llaman la atención algunas cosas:

1. La primera gráfica muestra que hasta el año 2007 tuvimos un superávit presupuestario, seguido de una tendencia de déficit menor en los siguientes años, salvo por la crisis inmobiliaria de 2009 y la crisis sanitaria de 2019; por consiguiente, en general, la regla de responsabilidad fiscal se ha cumplido desde 2001 hasta ahora. Siendo así, no se observa una clara tendencia ascendente del gasto público, no acompañada por un incremento en los ingresos fiscales; esa interpretación sólo puede explicarse en la necesidad de generar mayor gasto del que ha sido la tendencia hasta ahora, fundado en la razones ya anotadas,

2. Si lo que se quiere es cumplir con los compromisos políticos adquiridos, por ahora no se vislumbra otra forma de hacerlo que no sea vía endeudamiento, lo cual evidentemente altera nuestra regla de balance estructural, ojalá no sea una herencia del actual gobierno,

3. Es de esperar que el perfeccionamiento de las facultades fiscalizadoras del SII, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, entregue las herramientas e incorpore las competencias necesarias para el seguimiento efectivo de los grandes contribuyentes, altamente concentrados y con estructuras de funcionamiento complejas.

4. Los dividendos de la eficiencia del Estado no tienen que ver con el número de subvenciones escolares ni con la gratuidad en la educación superior, tiene más que ver con una administración pública eficiente, de modo de obtener el mejor resultado con la menor asignación posible de recursos.

5. La propuesta habla de incrementar el impuesto renta a las personas, con ello en la primera categoría quedarán a buen resguardo las rentas no distribuidas de los dueños de las empresas; si a eso se suma que no habrá impuesto al patrimonio, parece muy optimista que esa nueva recaudación alcance a financiar protección social y salud.